Sabemos que el gobierno ha tenido que echar marcha atrás en su propuesta de eliminar paulatinamente los pagos con dinero, con el apoyo mayoritario y el aplauso de los partidos en el Congreso, que han celebrado su “vuelta a la sensatez”.

 Durante las últimas semanas y durante los meses del confinamiento se han echado encima del dinero en efectivo todas las maldiciones y se ha sembrado el miedo en la sociedad y fomentado la necesidad de evitar el uso de monedas y billetes; muchas empresas se han hecho eco del “peligro” del manejo del dinero como fuente de contagio y han recomendado sin ningún pudor el uso de las tarjetas de crédito a sus clientes en detrimento del dinero en efectivo, a pesar de que no ha existido en ningún momento ninguna recomendación en ese sentido ni de la OMS ni de las distintas autoridades sanitarias.

Parece que por fin, y tras una ardua campaña de los muchos actores que confluyen en el sector se ha logrado concienciar a la población de que no es más peligroso el uso del dinero que el uso de un picaporte de puerta o barandilla de escalera… o una tarjeta de crédito, a los efectos de contagiarse del temido virus. Únicamente hay que extremar las medidas de higiene tras su uso. Ya está, no hay más.

Pero se intuye que ha habido una mano negra en todo esto: se ha aprovechado de “que el Pisuerga pasa por Valladolid” y se ha arremetido contra el dinero en efectivo, como si con su eliminación se fuera a acabar con el fraude fiscal. No es cierto. De la misma manera que no es cierto que por la cuestión sanitaria se tenga que dejar de utilizar.

Una vez que hemos entrado en la nueva normalidad, vuelve a haber pagos en metálico porque vuelve a haber empresas y comercios en los que hacer compras presenciales. Así pues, parece que ya es obvio que el dinero no solo no tiene la culpa del contagio por Covid-10, sino que tampoco es un agente importante en su transmisión.

Ya hemos vuelto a centrar la cuestión. En cualquier caso, reducir el uso del dinero en efectivo contradice el Tratado de la Unión Europea. Tanto la Comisión Europea como el BCE se han posicionado firmemente en contra de eliminar el uso del dinero en efectivo. Y cualquier cambio al respecto tendrá que ser consensuado en primera instancia por la Cámara española.

Señalar que el Gobierno español ha modificado el punto  conflictivo de su proposición aclarando que “debe buscarse la reducción de los límites del pago en efectivo con el objetivo a largo plazo, de una forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea”.